Con una baja participación ciudadana, en medio de la confusión y de la violencia extendida en el país, los mexicanos inauguraron una nueva figura en el sistema político: la elección de su poder judicial.
Cuando Andres Manuel López Obrador, como presidente, promovió ajustes a las leyes, por ejemplo en energía, el cobro de impuestos, en educación, por señalar algunos casos, la Suprema Corte se opuso. Para poder sacar adelante las reformas del concepto Cuarta Transformación, como el obradorismo denominó a su gobierno, Lopez Obrador propuso el plan B. Ganar la mayoría en las cámaras de diputados y senadores.
Luego de estos hechos y del tiempo transcurrido, la SCJN continúo la línea de hacer gobierno de acuerdo a sus intereses, y abiertamente en contra del ejecutivo. Entonces vendría el Plan C. Mensaje que muchos no entendían. Pero este plan tenía el propósito de someter al criterio de la gente, quién debería estar en la Corte. Y ayer se concretó ese propósito; ayer ocurrió el Plan C.
Una visión, a tan largo plazo, era riesgosa por la importancia y la falta de control de muchos elementos. La violencia que vive el país jugó en contra de la elección de ayer: millones de personas, como en Sinaloa, de comunidades rurales, no salieron a votar por el temor que priva en sus pueblos.
La confusión fue otro factor que desalentó la participación. El INE no logró hacer entender cómo y por quién se iba a votar, pues el tema es de naturaleza difícil. Y si le sumamos que los candidatos, sin recursos económicos y estrategia política, no supieron “calentar” la elección, entonces estamos hablando de que la gente no percibió competencia “no hubo tiro” como comúnmente se dice.
Los medios de comunicación, cajas de resonancia, la mayoria de empresarios que no estuvieron de acuerdo con la elección del poder judicial, tampoco contribuyeron, ellos informaron siempre que todo era confuso — cosa que era cierta— y que la democracia estaba en peligro.
Entonces la elección se salvó luego del operativo del gobierno, quién promovió la participación con sus políticos, diputados y senadores, luego los funcionarios de los tres niveles. Ellos cargaron ayer el operativo para un resultado de más o menos 13 por ciento del padrón.
Es una baja elección dicen unos, y atribuyen que fue un proceso antidemocrático. Pero si ahora los ministros y ministras, que en septiembre lleguen a la Corte, habrán sido electos por 2 o 3 millones de votos, a diferencia de los 180 votos de políticos en el senado y del acuerdo con el presidente de la república en turno.
Creemos que fue una elección con muchos errores —pero fue la primera— inconsistencias que pueden y deben perfeccionarse. Pero este ha sido a nuestro juicio la mayor acción de transformación del régimen de la Cuarta Transformación.
