Una buena parte de las razones del bloqueo carretero ocurrido la semana pasada en México, fue para oponerse y negociar las nuevas leyes de agua que hoy se preparan en el Congreso. Y decimos que una parte porque el resto de las razones, del pasado bloqueo, son justas, los reclamos son válidos. Pero se aprovechó para evitar que la nueva ley de aguas afecte a quienes hoy usan el vital líquido para venderlo o mantener a la población «de rodillas».
Para evidenciar la corrupción y el abuso del agua en México, permitida por gobiernos del PRI y PAN y de Morena, aunque parezca paradójico, solo basta dos casos.
En el municipio de Tijuana, Baja California Norte, existe el famoso «banco de agua». Se trata del distrito de riego, el 014, un distrito donde los agricultores irrigaban sus tierras, pero ante el crecimiento de la ciudad, el cultivo desapareció. ¿Y que cree? Ahora venden el agua al municipio. Los «agricultores» pasaron de comercializar hortalizas a vender agua: una actividad que es facultad solo para el gobierno federal. Por cierto esos «agricultores» se negaron a firmar, el «plan hídrico» propuesto para tecnificar las líneas de agua de todo el país.
Se estima que quienes sostienen el distrito de riego 014 de Tijuana, obtienen millonarias ganancias año con año, vendiendo el agua, recurso que no les pertenece, pero que gracias a la corrupción y abuso, entre ellos y políticos, se mantiene. Con la nueva ley ese abuso terminaría.
Otro caso de corrupción y de injusticia ciudadana, es lo que hoy sucede en Cabo San Lucas, demarcación perteneciente al municipio de Los Cabos, Baja California, Sur. Ahí, tanto políticos del PRI, PAN, PRD, PT y MORENA, mantienen a la población sin agua. Si, literalmente, sin agua. Los mantos freáticos, ricos en el vital líquido, son saqueados a través de pozos artesianos, y el agua se distribuye en «pipas» (camiones cisterna) porque el agua es «tandeada»: a las familias de Los Cabos les llega el agua en la tubería cada dos meses, cada mes o cada 15 días, dependiendo de la distancia con el centro de la ciudad.
No existe un programa exacto del tandeo, lo que obliga a las familias, tener que comprar el agua de «pipas». ¿Y qué cree? Las «pipas» representan ya un lucrativo negocio, cuyos dueños son políticos, ex alcaldes, del PRI y PAN, como lo fue el último, Oscar Leggs Castro, de MORENA, quien tiene en operación, de su propiedad, pozos y «pipas». También corre el rumor de que operadores del crimen organizado ya controlan parte del negocio del agua.
En Los Cabos existe una planta desalinizadora, pero ¿qué cree? Es operada por una empresa española y solo atiende a la industria hotelera. Porque en los cabos se carece del agua desde hace más de 20 años, pero a los hoteles nunca les ha faltado el agua. El problema es para las miles de familias que viven tanto en San José como en Los Cabos. La industria no tiene problemas con el agua.
Con la Nueva Ley de Aguas, este problema también terminaría, pues la ley intenta poner órden. El proyecto de dicha ley fue modificado, luego de las negociaciones con los agricultores que bloquearon al país.
Entonces, la nueva ley tiene un enorme reto: meter en cintura a miles de personas que hoy comercializan el agua, un recurso que solo pertenece a la nación, cuyo uso es primordial en las familias, para el uso humano. La industria es después, y el robo y abuso debe terminar.
