Juez concedió suspensión en contra de la reforma a la ley orgánica. El consejo universitario no acataría nada.
Juez Federal concedió a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) una suspensión en contra de las modificaciones y adiciones que efectuó el Congreso del Estado de Sinaloa, vía en decreto 897 a la Ley Orgánica de la UAS; lo anterior se dio a conocer durante Sesión Extraordinaria Virtual del H. Consejo Universitario, encabezada por el encargado del Despacho de Rectoría, doctor Candelario Ortiz Bueno.
El consejero universitario y Asesor legal, doctor Ramón Bonilla Rojas expresó que el efecto de dicha sentencia, es que no surten consecuencias jurídicas los artículos que habían sido modificados, adicionados y derogados por parte del Congreso a la Ley Orgánica de la UAS, ya que existe un amparo en contra de la Ley de Educación Superior que contempla el proceso legislativo para reformar leyes orgánicas de universidades públicas autónomas.
“Derivado de esta argumentación que se hizo por parte de la Universidad al desacato de una sentencia de carácter judicial en este caso de un juez federal y aunado a un proceso legislativo viciado el cual queda comprobado (…) aunado a todo esto para el juez federal fue suficiente para catalogar, además que es un tema urgente que está de por medio la violación a una sentencia judicial decretó la suspensión de las consecuencias jurídicas de los artículos que fueron modificados”, detalló.
Señaló que, a partir de este momento, el máximo órgano de Gobierno de la Casa Rosalina y ninguna autoridad universitaria están obligados a acatar las modificaciones a la Ley Orgánica a la institución, por lo tanto, el H. Consejo Universitario, deberá regirse con las disposiciones legales que no contravengan citada suspensión de amparo, en específico el estatuto general y los reglamentos que se encuentran vigentes por ahora.
Por consiguiente, el doctor Bonilla Rojas propuso un proyecto de acuerdo para que el doctor Candelario Ortiz Bueno, sea reconocido como Encargado del Despacho de Rectoría, y de ello deriven diversas facultades y obligaciones, lo cual fue aprobado por los casi 300 consejeros universitarios, otorgando con ello certeza jurídica para el funcionamiento académico, administrativo e institucional de la Máxima Casa de Estudios.
