El Senado de México ha elevado a rango constitucional el derecho a los jóvenes de 18 a 29 años a poder hacer uso del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”. Habrá dinero y oportunidades fiscales a empresarios, a fin de que el mecanismo funcione. Se trata del programa que inició Andrés Manuel López Obrador para atender a miles de jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban.
Las cifras desde el 2019 a la fecha es que se han invertido más de 135 millones de pesos, según informes oficiales, el 61.7 por ciento de los que entraron a dicho programa, se quedaron a trabajar.
Pero la oposición se ha lanzado en criticar esta medida, al calificarla como mera estrategia electorera y fraudulenta. Pues se logró documentar, en el sexenio pasado, que hubo jóvenes que no trabajaron pero si cobraron, empresarios que no pagaron, o lo que es peor, se le pago a jóvenes fantasma.
Se trata de un programa muy noble en su propósito: dar una oportunidad de capacitación y retribución económica a quienes permanecían sin oficio ni beneficio. Era una estrategia para evitar que cayeran en la economía informal o en las garras del quinto empleador en México, el crimen organizado.
Se hicieron reglas de operación para que miles de pequeñas y grandes empresas dieran capacitación y trabajo a jóvenes por un año, con el pago de 8 mil 400 pesos mensuales. No suena mal, pero como todo esfuerzo donde participa la burocracia, en la práctica, lo contaminan con la corrupción.
Por tal motivo la oposición al gobierno de la cuarta transformación, tiene razón en exigir reglas claras y un esquema de evaluación a fin de que realmente sea aprovechado este plan y lograr que de 24.7 millones de jóvenes, en México, emerja una fuerza productiva que sea de verdad, de personas que en el pasado no tenían oficio ni beneficio.
Muchos jovenes optaron por formar parte del crimen, por dinero; muchos también por dinero entraron a la economía informal donde no hay prestaciones sociales; y lo peor, muchos de plano no hacían nada.
El Estado mexicano, en visión de López Obrador, creó este esquema, que ahora el régimen que encabeza Claudia Sheimbaun, lo metió a la constitución. Asi todos tendrán el derecho de formar parte de este mecanismo que permitirá a los jóvenes capacitarse y obtener trabajo. A los empresarios, lograr ser más productivos y obtener oportunidades fiscales ante el gobierno. Al país le iría mejor, si eso funcionará como lo pide la oposición.
Que jóvenes construyendo el futuro no se convierta en un programa electorero, y que cumpla. Es el reto de la cuarta transformación.
