ESTATAL. La Universidad Autónoma de Sinaloa informa que Jesús Madueña Molina, tras salir de la audiencia judicial programada para este jueves, declaró que todo puede esperarse cuando se ejerce el poder para vengarse políticamente de alguien que no está en tu lógica, como es el caso del rechazo de los universitarios a la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, agregando que quedó en evidencia un actuar burdo por parte del juez de control Carlos Alberto Herrera.
“Lo que hoy sucedió es algo bochornoso, vergonzoso para un Poder Judicial el actuar de esta manera deja mucho que desear”, señaló.
En la audiencia prevista para solicitud de prórroga del plazo de investigación contra el Rector titular de la UAS separado temporalmente del cargo, Madueña Molina y, del encargado del Despacho de Rectoría, Robespierre Lizárraga Otero, el juez de control reprogramó la audiencia para el 4 de diciembre, sin citar un artículo para su determinación, abandonando la sala de forma apresurada y sin dar oportunidad a la defensa de interponer recurso de revocación, actuar que lamentó el abogado Milton Ayala Vega.
El defensor particular de Madueña Molina solicitó al juzgador considerara en su decisión sobre el diferimiento de la audiencia, el dictamen médico por incapacidad y parte de la aseguradora que presentó la licenciada Guadalupe Avendaño Ruíz, abogada de Lizárraga Otero, así como, su compromiso profesional en una audiencia de término constitucional, el mismo 4 de diciembre, en la Ciudad de México, peticiones que no fueron atendidas por el juez.
“El juez, el señor Gobernador y todos los funcionarios del Gobierno del estado protestan cumplir y hacer cumplir las leyes que emanan de la Constitución, pero en este caso ni siquiera un derecho tan elemental como pedir copia de audio y video nos dio el juez, así de grave están las cosas”, expuso Ayala Vega.
En esta misma sesión, el juez señaló que, en la próxima audiencia habría defensa pública, pues en reiteradas ocasiones la Fiscalía acusó de tácticas dilatorias a la parte imputada, solicitando también que a Lizárraga Otero le fuera asignado un defensor de oficio, a lo que el encargado del Despacho de Rectoría consideró violatorio a sus derechos humanos, vulnerando su seguridad pública.
“Que significa esto, que van a traer abogados al servicio del señor Gobernador, porque esos si están al servicio porque están adscritos a la Secretaria General de Gobierno, imagínense quién quieren que nos defienda o quien quiere que defienda a los compañeros universitarios, trabajadores al servicio de Enrique Inzunza Cazares, así de grave están las situaciones, pero le decimos que al final de cuenta esto como consecuencia trae el enlodamiento de las instituciones de impartición y procuración de justicia del estado de Sinaloa”, expresó Milton Ayala.
