Decenas de áreas verdes de fraccionamientos de la ciudad de Mazatlán sorpresivamente aparecen con dueño. El modo de compra-venta para particulares de predios que siempre han sido zonas de esparcimiento, significa el grado de corrupción ante el desorden que genera la multiplicidad de instituciones, que desde el gobierno, atienden la compra-venta de lotes y emiten escrituras o títulos de propiedad.
Cuando decimos multiplicidad de instituciones nos referimos a las que, en su objetivo principal, se relacionan con la legalidad del suelo: SEDATU, INSUS, Procuraduría Agraria, RAN, CORET, CATASTRO, Bienes Municipales, Tenencia de la Tierra y Ejidos. Como se aprecia, son por lo menos nueve instituciones de los tres niveles de gobierno, quienes participan en estas redes de corrupción y permiten las ventas ilegales de predios que son públicos.
El caso más emblemático en Mazatlán es el predio que se ubica entre los fraccionamientos Villa Verde y Foresta. Desde hace 40 años ha permanecido como area verde, y hace unos meses alguien lo confinó como área particular con documentos que «hablan» la propiedad. Como ese caso hay decenas en Mazatlán.
Aquí se han aprovechado de «las lagunas legales» que han provocado la tardanza de Ejidos, Municipio y Estado para legalizar fraccionamiento y sus áreas.
Este desorden es grave y de impacto negativo para el bienestar de miles de familias que no tienen más esparcimiento que sus paupérrimas áreas verdes o espacios libres comunes donde crecen los niños y niñas y dónde los adultos las usan en comercio ambulante u otras actividades.
Aquí se rompe el estado de derecho que tanto pregona el gobierno, sobre todo el surgido de la 4T. Aquí se altera un derecho natural de la sociedad, el que se relaciona con la calidad de vida.
En la academia, el inglés John Locke, nos dejó su teoría donde el Estado es el responsable de salvaguardar los derechos naturales de la sociedad. Y en Mazatlán la venta de áreas verdes es un claro ejemplo de la alteración de ese derecho del que Locke enunció.
Ahora solo resta esperar que las autoridades de estás nueve entidades, responsables del uso legal de la tierra, el gobernador, los diputados, los presidentes municipales, los regidores y los representantes de ejidos, pongan frenos a esta situación y regresen a la sociedad lo que por ley les corresponde.
De lo contrario Mazatlán será una zona sin ley, donde la propiedad privada se coma a sí misma, donde desaparezca el Estado de Derecho. Donde sigan desapareciendo las áreas verdes bajo la sombra de la corrupción e impunidad.
