El conflicto que actualmente mantienen el Congreso, el Estado y la UAS, lejos de bajar sus niveles, está a punto de ser más intenso. El Congreso afina detalles para aprobar la reforma a las leyes orgánicas de las universidades públicas en Sinaloa.
Es de dominio público la negativa de las autoridades de la UAS en aceptar la nueva Ley de Educación que implica la reforma. Ante tal postura, la Unidad Anticorrupción de Estado “encontró” supuestas irregularidades en las adquisiciones de la UAS, cuyas acciones de compra se hicieron sin licitación.
Ahí involucran a Héctor Cuén Díaz, al ex rector Eulogio Guerra Liera y al actual Jesús Madueña Molina, entre otros funcionarios.
En ese capítulo el Estado se atribuye dos “rounds ganados” pues en dos ocasiones ha arrimado a los juzgados a quienes ha señalado como responsables de la corrupción.
Pero justamente ahí, el Estado ha fallado: no ha desarrollado el proceso judicial con profesionalismo, lo que ha provocado que las audiencias se posterguen, igual como lo que ocurre en el caso del Químico Benítez.
Antes la fiscalía llegó con una orden de cateo a las instalaciones de la UAS, accion que debió realizar, de acuerdo a lo que indica la ley en la materia, pero extrañamente no lo hizo.
Estas dos acciones fallidas del Estado, generan la percepción de que lo que en realidad se busca es que los señalados de la UAS ofrezcan alguna posibilidad de negociación. Un acuerdo político que satisfaga a los tres involucrados: Congreso, Estado y Universidad.
Pero a nuestro juicio eso no va a suceder, pues detrás de todo este conflicto esta la naturaleza del control político de la institución. La UAS hoy es un brazo ejecutor del PAS que dirige Héctor Melesio Cuén, y por señalar solo un punto, al aceptar el voto general para elegir autoridades, sería permitir riesgos a ese control.
En contraste, debe decirse que la UAS hoy presume de óptimos niveles de academia con aprobacion de sus programas. Entonces el problema no es académico, es quien controla a quién.
Pero mientras el Estado difunde actos de supuesta corrupción; la fiscalía llama a los implicados; y el rector pone de escudo la autonomía; el Congreso, brazo alineado al Estado por la naturaleza política, prepara la legislación que arrinconará un tanto más a la UAS.
El conflicto no baja, por el contrario, está a punto de elevar su nivel. Pues el Congreso está a punto de votar la Reforma.