La televisión mexicana y las cadenas radiofónicas, con operación en la Ciudad de México, han elevado a debate o denuncia pública la supuesta intervención del gobierno federal en limitar la libertad de expresión, bajo el pretexto de conformar el esquema legal de audiencias. Pero ante el contexto político actual, donde los medios —los capitalinos— se han convertido en la principal oposición al régimen que gobierna, el conflicto parece más a una resistencia para que, tanto la radio como la televisión, acepten la obligación de informar con pluralidad y otorguen derecho de réplica a quien lo requiera.
La radio y la televisión capitalina evolucionan de un esquema de parcialidad e intereses comerciales con el gobierno, donde la libertad de expresión no ha sido elemento para presumir. Un ejemplo que ilustra el contubernio o relación insana de los medios electrónicos y escritos, en la era priista, es Televisa, con su desaparecido noticiario estelar «24 Horas» espacio donde el gobierno federal y estatales daban a conocer sus acciones. El noticiario de Jacobo Zabludovsky era «como el medio oficial o vocero del PRI-Gobierno». No era información la que ahí se proyectaba, eran datos, acciones de los gobiernos sobre los temas públicos que noche a noche se ofrecían como información. Ese servicio de la televisión implicaba millonarias cantidades de dinero, que procedían del gobierno federal y de la mayoría de los Estados. Es decir, d ellos impuestos. Así sobrevivían también las radios y los periódicos, en toda la vida moderna de México.
En la era del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con Morena, ese esquema se rompió: ya no salieron enormes cantidades de dinero para los medios. Los Estados ya no pudieron operar con toda libertad los compromisos comerciales. Entonces los medios capitalinos principalmente, emprendieron una campaña de crítica feroz contra el régimen actual. Esa nueva postura de los medios no es mala; el sentido crítico es preferible a la sumisión que generaba el dinero. Pero los que critican ahora callaban ayer, y siempre. De ahí la desconfianza de que esta nueva actitud sea periodismo crítico. Y en la práctica no lo es: el sistema de Televisión Azteca, cuyo dueño ha sido obligado a pagar miles de millones de pesos al Fisco, hace uso irracional de sus canales para ofrecer contenidos de propaganda en contra del gobierno, disfrazados de noticias. Ahí se miente, denosta, se afecta a funcionarios y se engaña a la ciudadanía. El derecho de las audiencias se aplicaría para que los afectados tengan el derecho de réplica, por ejemplo.
Más o menos, este es el contexto político en que hoy dia se desarrolla una consulta para definir leyes secundarias para que los medios publiquen sus compromisos institucionales con las audiencias, y así cualquier ciudadano tenga la posibilidad de lograr réplica. Ese es un punto clave de resistencia de los medios de comunicación, los mismos que ayer vivían del dinero público y de ofrecer publicidad y propaganda con el disfraz de noticias.
Los medios que ayer callaron siempre ante las atrocidades del gobierno, hoy son demasiado críticos, —lo que debería haber sido siempre— pero ante la posibilidad de que la ciudadanía tenga derecho sobre ellos, salen a decir que el gobierno intenta limitarlos. Bajo el argumento de que quieren callarlos.
La consulta inició el pasado 27 de julio y termina el 21 de este mes. Y de acuerdo a las mayorías de Morena en el Congreso de la Unión, la legislación que inició en 2017, misma que sufrió cambios por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en 2024, se ha sometido a consulta pública a efecto de concluir con la última fase y obligar a los medios a ofrecer derecho a las udiencias.
